Más de un centenar de organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional, levantaron su voz de protesta ante el riesgo que representa derogar la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, favoreciendo a un pre dictamen elaborado por iniciativa de la Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad del Congreso de la República.

“En lugar de legislar a nuestro favor, los congresistas decidieron pasar por alto nuestras necesidades e intereses y desconocer una ley que es el resultado de años de trabajo entre la sociedad civil y el Estado. Una ley que logró su legitimidad al llegar al Congreso con cerca de 80,000 firmas y que, para su discusión y aprobación, se movilizaron organizaciones a nivel nacional, en foros, consultas y mesas de trabajo. Todo ese esfuerzo pretenden borrarlo de un plumazo”, expresó Nathaly Huapaya, coordinadora de la Mesa de Discapacidad y Derechos.

De la misma opinión es Sabina Mata Velásquez, representante de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, quien añadió que el Congreso debería preocuparse en fiscalizar y lograr que las entidades públicas y privadas cumplan el mandato de la ley. “De manera insólita se ha propuesto la creación de la “Ley de la Persona en Situación de Discapacidad”, sin considerar la opinión de los propios interesados. Si bien se ha convocado a reuniones virtuales, por la importancia del tema se requiere una Consulta Nacional, no un simple intercambio de opiniones”, remarcó.

En el pronunciamiento se detallan importantes observaciones al pre dictamen, entre las que destacan las dificultades que generará la eventual dación de una nueva ley en medio de una emergencia sanitaria, un periodo de crisis económica, el próximo proceso electoral y en consecuencia un cambio de gobierno. “Se corre el riesgo de crear un vacío legal durante su implementación. No se está considerando el desarrollo del proceso de aprobación, elaboración y adecuación de la reglamentación, normas técnicas, capacitación, apropiación de la normativa y fiscalización, Sin contar con el retraso de la aprobación del Plan Nacional de Discapacidad para el Desarrollo”, añadió Esperanza Villafuerte, representante de la Ong Adecep Perú.

Otro aspecto que se suma al cuestionamiento es que el pre dictamen desconoce la existencia de importantes leyes, como la Ley de Lengua de Señas, Ley de Perros Guía, Ley de Licencias, al redundar con propuestas similares en su articulado. Asimismo, omite la Ley de Salud Mental, presentando un abordaje sin enfoque de derechos, obligando a un retroceso hacia el paradigma médico y de segregación.

Si bien hay un punto referido a la asistencia personal y otros servicios de apoyo humano para personas con discapacidad, no responde a las necesidades de las personas con discapacidad ni de aquellas familias que efectúan un rol de cuidado. “Esta problemática, por su complejidad, debería abordarse en una ley específica y no en cinco artículos”, puntualizó la representante de la Mesa de Discapacidad y Derechos.